Tras el pronunciamiento, judicialmente contundente, de la Audiencia Provincial con el archivo definitivo de la última denuncia del agente 111, toca pedir responsabilidades penales y civiles. Cabe recordar que en 2011 se archivó de plano por el juzgado de Orihuela, una primera denuncia contra el alcalde interpuesta por el mismo agente.
Los hechos parten como represalia contra el alcalde tras haberle incoado un expediente sancionador al agente de policía. Expediente que derivó en una sanción disciplinaria, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de suspensión de empleo y sueldo por un año. A partir de ese momento, el mismo agente, comenzó a tramar y urdir una serie de acusaciones infundadas con evidente mala fe. Su objetivo consistía en perjudicar en lo personal y en lo político al alcalde, intentando que se le imputara penalmente. Primero con acusaciones falsas, y segundo quitarle de la alcaldía, puesto que las elecciones de 2015 estaban a la vuelta de la esquina.
El Código Penal, recoge plenamente el ámbito de la denuncia falsa. En este caso con el máximo agravante puesto que, primero, el agente denunciante ostenta el poder de «autoridad y veracidad», dada su condición de policía, y en segundo lugar, su presunta actuación delictiva derivó en un procedimiento penal «totalmente improcedente» por las falsas acusaciones contra el alcalde y jefe de policía, teniendo que sufrir estos últimos, la «pena de telediario» por la difusión de la ahora «falsa imputación», y en consecuencia viendo menoscabado su honor y crédito público, sobre todo teniendo en cuenta la condición de autoridad pública, tanto del alcalde como del jefe de policía.
Antonio Bernabé, alcalde de Benejúzar, está convencido de haber sido injustamente «perjudicado» por la interposición de la denuncia falsa, y por ello, cree de sobra justificada la interposición de la querella criminal para la reparación del daño.