Unos 7.700 elementos constructivos podrán ser dados de alta en el Catastro para actualizar el IBI que deberían pagar
El alcalde accidental y concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, ha anunciado hoy que alrededor de 7.700 nuevos elementos construidos en el municipio serán revisados y dados de alta en el Catastro para que puedan comenzar a pagar o a actualizar el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que ya pagan, lo que le podría suponer al Ayuntamiento el ingreso de alrededor de un millón de euros anuales.
Orihuela ha solicitado, a través de Suma y la empresa pública Geonet, un proceso de inspección por el que personal debidamente identificado cubrirá todo el término municipal con una cámara fotográfica y un geolocalizador para así poder contrastar los datos catastrales actuales de los bienes inmuebles con la realidad física.
Según ha dicho Zapata, muchas de estas construcciones no tienen por qué ser viviendas. Según una primera estimación del mismo Catastro, podría haber 1.600 construcciones en las que no coincidiría lo declarado con lo construido, otras 1.200 obras que nunca han sido dadas de alta, entre 1.100 y 1.200 piscinas no declaradas, otras 1.700 construcciones de más de 100 años de antigüedad que han sido reformadas y donde residen personas que tampoco han sido dadas de alta y unos 2.000 elementos como casas de apero, balsas, etc. construidos en suelo rústico sin declarar.
Con todo, el alcalde accidental ha remarcado que “no se trata de un proceso de regularización ni de una subida del IBI, sino de dar de alta elementos por los que ahora no se paga el impuesto”.
También ha recordado que desde octubre del año pasado seis inspectores peinaron parte de las pedanías para recoger altas voluntarias de los mismos propietarios en el catastro. El año pasado se consiguió llegar a 970 nuevas altas, lo que supuso unos nuevos ingresos de 830.000 euros, y en lo que va de 2014 se han sumado 1.835 más, con unos ingresos de 873.000 euros adicionales. En total, unas 2.800 nuevas altas han generado desde entonces 1,7 millones de euros de ingresos. Este sería, según el edil, un paso previo a la regularización de las viviendas ilegales fuera de ordenación.
Zapata también ha avanzado que tras reunirse con el equipo redactor del PGOU está previsto, si no sucede nada, que la versión preliminar del mismo se lleve a aprobación plenaria el próximo mes de enero adaptado a la nueva legislación urbanística valenciana, que permite la regularización de las viviendas ilegales con la tramitación de planes especiales.
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