Esta mañana ha sido presentada por parte de Pedro Mancebo una demanda de conciliación previa a la presentación de la querella por calumnias e injurias en el Juzgado de Orihuela y contra el alcalde Monserrate Guillén por sus declaraciones del pasado 4 de marzo en las que arremetía contra el mismo y que se citan a continuación.
Sé que muchos depositaron una altísima confianza en este equipo de gobierno, el primero progresista en 25 años. Y sé que algunos han podido sentirse defraudados por nuestra falta de actuación en algunos aspectos. A ellos y a todos, solo puedo decirles que siento no haber respondido a algunas expectativas. Pero también quiero decirles que esto no ha sido consecuencia de falta de voluntad o de iniciativa, sino de una situación municipal todavía más lamentable de la que nos imaginábamos antes de llegar al gobierno a Orihuela…Y de esto es responsable la oposición con la que hemos tenido que lidiar durante estos años. Por un parte, un Partido Popular que, además de dejar un Ayuntamiento hecho un erial, se ha dedicado que entorpecer la labor honesta y honrada del gobierno que encabezo. Y por otro, un CLR descompuesto que no ha sabido aceptar que les ganásemos la partida. Porque quiero recordar que el gobierno municipal se quedó en minoría, y por tanto con escaso margen de maniobra en los asuntos de pleno, porque tuve que echar a Pedro Mancebo del gobierno. Lo eché porque, otra vez, un político de Orihuela quería vender este municipio a través del siempre sucio negocio de las basuras. Al recordar estos hechos, no puedo hacer más que acordarme de Pablo Vidal y Asunción Mayoral, que como concejales de Infraestructuras y Contratación respectivamente, municipalizaron el servicio de recogida de residuos y esto les costó el puesto. Porque el que era su jefe político, Pedro Mancebo, pretendía que se doblegasen a su voluntad y a la de su financiador.
Según reclama Mancebo en su demanda, las referidas declaraciones son improcedentes tanto en su contenido como en la intencionalidad de quien las realizó, excediendo del derecho a la libertad de expresión, aún incluso con la flexibilidad que permite el ámbito propio del ejercicio de funciones políticas.
Asimismo exige una indemnización de 6.000 euros «por los daños y perjuicios que dichas expresiones, afirmaciones y manifestaciones públicas han producido en el honor y reputación personal y profesional del demandante, sin perjuicio de valoración ulterior en caso de no producirse acuerdo al respecto» así como «que el demandado de conciliación presente sus disculpas públicas por las manifestaciones realizadas públicamente en rueda de prensa de fecha 4 de Marzo de 2015, se avenga a reconocer que las afirmaciones realizadas en la misma son injuriosas y calumniosas, comprometiéndose a abstenerse en el futuro a realizar referencias similares en el mismo sentido y debiendo proceder a su costa a la publicación en el plazo de 15 días a partir de la conciliación de una retractación pública de las mismas en los medios que las publicaron».
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