VOX insta a la Generalidad Valenciana a volver al modelo anterior de gestión del Hospital de Torrevieja

Los portavoces del partido político VOX de Torrevieja, Guardamar, Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada reclaman a sus respectivos ayuntamientos la necesidad de instar a la Generalidad Valenciana y a la Consejería de Sanidad y Consumo a que a la mayor brevedad posible se promueva un concurso público para la gestión del Hospital de Torrevieja a través de una concesión administrativa.

Dicha necesidad surge de los nefastos resultados a nivel de eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano que ha venido ocurriendo en los últimos años, desde que se comenzó a gestionar de forma directa por la Consejería de Sanidad, una vez tomada la decisión unilateral de no prorrogar el contrato de concesión que había prestado servicio hasta octubre de 2021.

Durante ese periodo de contratación el hospital de Torrevieja y su área de salud alcanzaron los máximos reconocimientos de calidad y seguridad del paciente, como la prestigiosa norma Joint Comission International, además de ser un referente en calidad asistencial y tecnología de vanguardia.

Si atendemos a las cifras, tan solo dos meses después de la reversión de la concesión, en el mes de diciembre, las listas de espera pasaron de 1.157 a 1.992 pacientes, y el tiempo medio de espera en urgencias se duplicó.
Indagando más en la cuestión, y haciendo una comparativa, en la auditoría realizada por la Sindicatura de Cuentas durante el anterior periodo de gestión, se estableció que el Departamento de Salud de Torrevieja era el más eficiente de todos los de la Generalidad Valenciana: “La asistencia sanitaria integral de la población protegida del Departamento de Salud de Torrevieja, en los términos recogidos en el contrato, supone un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales».

Esto implicaba «un 30% de ahorro sobre el gasto medio de hospitales de gestión pública de este tipo”. Y ese 30% supuso que en los 15 años de concesión se produjera un ahorro de 676.385.715 euros.

Por el contrario, el Informe del Cuadro de Mando del Seguimiento del Gasto elaborado por la Generalidad Valenciana, demuestra que la reversión ha generado un sobrecoste de más de 76 millones de euros en el primer año. Además, se han triplicado las listas de espera y a ello hay que añadir el colapso de las urgencias, la falta de camas en hospitalización y un aumento significativo de la conflictividad laboral, con un incremento del 64% de absentismo. Adicionalmente, el gasto en material sanitario y de farmacia se ha incrementado un 39%, habiendo facturas que demuestran que hay proveedores que por el mismo producto llegan a duplicar el precio que cobran a la Consejería frente a lo que cobraban a la concesionaria Ribera Salud.
Uno de los postulados esenciales de la economía pública es la aplicación del principio de la racionalidad económica, según el cual se debe elegir el método de producción de cualquier bien o servicio público que minimice el coste, sin perjuicio de la evaluación de la calidad de este.
Por tanto, según defiende VOX, lo más conveniente sería que la prestación del servicio sanitario lo realice quien lo haga al menor coste posible, con la máxima calidad y la mayor eficiencia, ya que se trata de un proceso técnico y debe prestarlo indistintamente el sistema público o privado, pero basándose en criterios de eficiencia, eficacia y calidad del servicio.

Esta idea se ve reforzada por la opinión ciudadana, ya que las encuestas realizadas en el hospital de Torrevieja demuestran que el 91% de los pacientes valora como muy satisfactorio este modelo sanitario y el 94% desconoce si es de gestión pública o privada. Un claro indicativo de que la preocupación ciudadana pasa por la forma en que se gestiona el servicio público, y no quién lo gestiona.

 

PUNTOS CLAVE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL MODELO PPP

El modelo Alzira, surgido en 1997 es el primer ejemplo a nivel mundial en el ámbito sanitario de lo que se conoce como Public Private Partnership (PPP). Entre otras cuestiones, este modelo de gestión sienta las bases de la separación entre la financiación, compra y provisión de los servicios sanitarios y la necesidad de introducir cambios que permitieran una flexibilización en las normas administrativas para una mejor gestión de los recursos humanos y materiales.

El modelo se basa en cuatro principios fundamentales: la financiación, la propiedad y el control son públicos, y tan solo la prestación es privada, de manera que la calidad asistencial queda garantizada y la Administración no pierde el control de la prestación.

• En todo momento se garantiza la naturaleza pública del servicio de salud. Se trata de un hospital público y perteneciente a la red de hospitales de la Generalidad.

• La empresa concesionaria está sujeta al cumplimiento de las cláusulas establecidas en el pliego de condiciones. La Administración tiene capacidad de control y de inspección, así como facultad normativa y sancionadora.

• La prestación del servicio sanitario se adjudica durante un periodo de tiempo preestablecido a una empresa concesionaria, que se compromete a la buena marcha y gestión del servicio público.

 

Cabe destacar, que no se trata de un modelo de privatización del servicio público, puesto que la financiación, el control y la propiedad son públicos. No tendría como principal objetivo el lucro económico a costa del abaratamiento de la gestión sanitaria al ciudadano, puesto que el pago capitativo lo marca la Administración. Sería esta, en primera instancia, la encargada de controlar que se mantiene el nivel de calidad de cualquiera de los otros centros de la red, además de limitar de forma contractual el margen de beneficio de la empresa.

Hasta que esa concesión administrativa sea efectiva, los portavoces de los distintos municipios que conforman la petición piden que se adopten las medidas necesarias para situar al paciente en el centro de la gestión, tomando medidas excepcionales que garanticen una gestión sanitaria adecuada. Entre ellas, promover -a través de incentivos- el traslado de profesionales de otras áreas sanitarias, esencialmente de cara a cubrir las necesidades del servicio de urgencias, que se encuentra saturado e incapaz de brindar a la ciudadanía la atención que merece.