El caso Jardines

El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El caso Jardines va camino de convertirse en un nuevo Brugal. Corría el año 2007 cuando el Pleno municipal de Orihuela decidió dejar desierto el contrato de las basuras que, de manera objetiva, debía recaer en la mercantil Urbaser. En aquella sesión plenaria, Eva Ortiz, entonces edil y ahora senadora del Partido Popular, conocedora de lo que estaba pasando ‘entre bambalinas’, planteó al secretario municipal una cuestión de legalidad antes de la votación. El plácet del fedatario municipal dejó la puerta abierta para que los ediles del PP local tomaran con su voto la decisión más lesiva que jamás ha tomado una corporación municipal para los intereses de Orihuela. ´

Ya en 2020, en octubre, en un Pleno telemático que pasó inadvertido por la contundencia de la pandemia, también asistimos a una situación surrealista: tras una primera votación resuelta en empate en la que se decidía si el pago de los 4,7 millones de euros de condena por aquella nefasta decisión de antaño se les exigiría a aquellos concejales, Dámaso Aparicio, por esas fechas presidente local del PP, decidió desconectarse -por repentinas y poco creíbles urgencias de conciliación de la vida familiar y laboral- que obligaron a Bascuñana a suspender el Pleno durante siete minutos –que a más de uno se le harían eternos- y persuadirle telefónicamente para que se reincorporara y emitir así su voto en una segunda votación. El retorno del edil del Rabaloche, permitió un nuevo empate que el alcalde rompió con su voto de calidad, salvando ‘in extremis’ a los antiguos concejales populares de tener que asumir con su patrimonio personal los casi cinco millones de condena.

El caso Jardines es una más, es la salida de un ‘escape room’, una vía de huida para abortar una licitación en marcha de un contrato de diez millones de euros para cinco años que venía a solucionar los gravísimos problemas de las zonas verdes del litoral oriolano.

Parece ser que la empresa que tenía todas las papeletas para quedarse con este contrato no es del gusto de algunos miembros de este gobierno –o a saber de quién- y se han urdido todas las artimañas necesarias para evitar, pues, que esto ocurra. Sorprendentes peticiones de informes a profesores de dos universidades diferentes, dudosas relaciones, supuestos conflictos de intereses… Todo muy extraño y retorcido. ¿Cómo se explican, si no, que hace escasas fechas se dejara por escrito que el Ayuntamiento de Orihuela no disponía de medios para podar doscientas palmeras y ahora sí que dispone de estos para actuar en dos millones de metros cuadrados en base a un informe redactado ‘ad hoc’ por una empresa de Asturias de la que nada se sabe por aquí? ¿Había que contratar una empresa para las palmeras por falta de recursos propios y ahora esto? ¿Acaso piensan recurrir a esas mismas empresas de cabecera cuando el personal de ILDO no pueda acometer según qué trabajos?

El caso Jardines es la más reciente confirmación de que la ignorancia o el mal uso del poder, o ambas cosas a la vez, llevan años instalados entre las paredes de Marqués de Arneva. Caerían en la trampa de PP y VOX los lectores de este artículo y los asiduos espectadores del circo político oriolano si creen los argumentos esgrimidos públicamente por el gobierno de local para justificar su decisión de municipalizar la gestión de las zonas verdes de Orihuela Costa, algo en lo que nunca han creído. Ni la gestión directa de los servicios –que no es la apuesta natural de estos partidos-, ni la apuesta por la discapacidad son la verdad de lo que está pasando, aunque bien es cierto que se erigen en fáciles justificaciones de cara a la galería.

Con la decisión de dejar en manos de ILDO esta responsabilidad también se corre el serio riesgo de perder la subvención que ronda los 400.000 € por su carácter de centro especial de empleo, con el consiguiente encarecimiento del servicio, pese al empeño de los populares por defender que también es esta la decisión más rentable. Pero, ojo, si hablamos de cuestiones pecuniarias, lo más gravoso y preocupante es el peaje al que puede enfrentarse el Ayuntamiento si las empresas que optaban a este contrato ‘interruptus’ le exigen su responsabilidad patrimonial y de nuevo condenamos a todos los oriolanos a pagar como ya ocurrió con lo de Urbaser. Recuerden cómo acabo aquello. ¡Que vayan ahorrando los concejales que votaron a favor!

Habría sido más sencillo ir paso a paso, resolver la licitación y, después, plantear el debate sobre la forma de gestión, pero no, aquí todo es al revés. Mientras tanto, en el Pleno, ningún concejal del gobierno sabía qué iba a votar; y el alcalde, sin abrir la boca. Son muchos los interrogantes que despierta el caso Jardines y muchas las amenazas que se ciernen sobre Orihuela en este último episodio. Ya saben que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.