Ciudadanos Orihuela denuncia la exclusión de su propuesta sobre el “caso Viales” del Pleno municipal

José Aix acusa a Vegara de utilizar un informe jurídico posterior para justificar su decisión

El portavoz de Ciudadanos Orihuela, José Aix, ha acusado al alcalde Pepe Vegara de excluir del orden del día del Pleno ordinario de febrero la proposición de su grupo para la creación de una comisión de estudio sobre el expediente del mantenimiento de viales en Orihuela Costa, conocido como el “caso Viales”.

Según ha explicado Aix, durante la Junta de Portavoces del 24 de febrero, Vegara argumentó que la propuesta no podía debatirse en el Pleno debido a la existencia de un informe jurídico que desaconsejaba su tramitación al estar el asunto judicializado. No obstante, Aix ha señalado que el informe en cuestión fue firmado digitalmente a las 11:38 horas del mismo día, cuando la reunión se celebró a las 10:00 horas y duró solo quince minutos.

El concejal ha añadido que el informe no fue elaborado por el secretario del Pleno, que es el órgano competente según el Reglamento Orgánico Municipal, sino por una asesoría jurídica externa. Además, ha afirmado que este documento no impide la creación de la comisión, sino que indica que es el Pleno municipal el que debe decidir si procede su constitución.

Aix ha anunciado que ha presentado un recurso de reposición contra la decisión de Vegara, apoyándose en el propio informe jurídico externo que señala la compatibilidad entre investigaciones parlamentarias y judiciales en el ordenamiento jurídico español.

Por otro lado, Ciudadanos Orihuela ha registrado una moción para la creación de un canal de denuncias interno en el Ayuntamiento, en cumplimiento de la Ley 2/2023 de protección a informantes de infracciones normativas y lucha contra la corrupción. Aix ha recordado que este canal es de obligado cumplimiento desde junio de 2023, pero aún no se ha implementado en el Ayuntamiento ni en sus sociedades municipales.

Según el portavoz de Ciudadanos, la creación de este sistema garantizaría la protección de funcionarios y ciudadanos que denuncien irregularidades administrativas o penales, facilitando una gestión más transparente.

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