Cambiemos Orihuela califica el nuevo Reglamento Regulador de la Carrera Profesional Horizontal de «broma de mal gusto»

El reglamento, aprobado en Junta de Gobierno Local el pasado 1 de julio, pretende regular la carrera profesional horizontal de los empleados públicos del Ayuntamiento de Orihuela. Una figura que permite progresar y mejorar su situación profesional reconociendo su experiencia, formación, competencias y la evaluación de su desempeño.

Pero, como nos tiene acostumbrados este equipo de gobierno, lo han hecho de la peor manera posible.Han presentado un texto con graves carencias sustantivas, procedimentales y formales, que no sigue la estructura básica que debería tener una norma de estas características. Carece de un articulado claro y ordenado, lo que dificulta su interpretación, su aplicación y cualquier control jurídico.

Además, se trata de un reglamento en el que la figura del concejal adquiere un protagonismo excesivo durante la evaluación de los trabajadores y en todo el procedimiento, al contrario de lo que ocurre en otros municipios, donde la parte política permanece en un segundo plano.

La situación se agrava aún más con la inclusión de criterios de evaluación completamente subjetivos, arbitrarios e imposibles de cuantificar de manera rigurosa, como la lealtad hacia el Ayuntamiento o la lealtad a los superiores jerárquicos. Estas referencias son más propias de un estado feudal que de una administración pública moderna y suponen un atentado directo contra los principios de profesionalidad, mérito y objetividad. Pero no son los únicos. Expresiones como mantener una relación de armonía y unión entre su gente, lograr bienestar para su gente o lograr magnetismo constituyen criterios ambiguos e incuantificables que carecen de cualquier seriedad y rigor, y que resultan totalmente inadecuados en un reglamento que pretende evaluar el desempeño profesional.

Además, la existencia de una comisión de evaluación ambigua y la ausencia de una auténtica comisión de garantías, con competencias claras y efectivas para velar por la transparencia, la objetividad y la imparcialidad del proceso, genera un escenario absolutamente inaceptable de inseguridad jurídica. Este vacío organizativo supone que no exista ningún órgano independiente que controle la correcta aplicación de los criterios de evaluación ni que pueda impedir actuaciones discrecionales o arbitrarias por parte del poder político.

A ello se suma la total carencia de un procedimiento detallado, claro y garantista para la presentación de reclamaciones, apelaciones y solicitudes de revisión. Esta omisión coloca a los empleados públicos en una situación de indefensión absoluta frente a posibles abusos de poder y decisiones caprichosas, sin ningún instrumento eficaz que permita exigir responsabilidades ni proteger sus derechos más básicos.

Este reglamento no solo carece del más mínimo rigor jurídico y técnico, sino que constituye un intento flagrante de someter la carrera profesional de los empleados públicos a criterios subjetivos, discrecionales y arbitrarios que abren la puerta al clientelismo y al abuso de poder. Su aprobación supondría un retroceso intolerable en derechos, garantías y transparencia, y es incompatible con cualquier estándar democrático o de buena administración, ha afirmado Quique Montero, concejal de Cambiemos Orihuela.

Por todo ello, desde Cambiemos Orihuela se ha presentado una enmienda a la totalidad para exigir su retirada inmediata y la elaboración de un nuevo texto que respete de manera efectiva los principios de objetividad, imparcialidad y respeto a la dignidad profesional de los trabajadores públicos. Asimismo, se han registrado 15 enmiendas parciales con el objetivo de que, en caso de no retirarse, el texto alcance al menos unos mínimos de calidad normativa y garantías jurídicas.