“El Caso Pomares”, que en los últimos días ha trascendido a la opinión pública criminalizando a una persona honesta, competente y comprometida con el bien común, debe interpretarse exclusivamente en clave política y como parte de una estrategia de “caza de brujas” cuyo único fin es desgastar al equipo de gobierno y extender la falacia de que “todos somos iguales”.
La razón por la que se sanciona a la Sra. Pomares es literalmente “compatibilizar, sin obtener la previa autorización de compatibilidad, el desempeño de las funciones de Profesora de Enseñanza Secundaria con el cargo de Jefe de Departamento, con el nombramiento de personal eventual de la Corporación de Orihuela con dedicación parcial como Coordinadora de Cultura”. A este respecto es importante señalar, en primer lugar, que no hubo mala fe, ni intención de engaño por parte de la Sra. Pomares, quien desconocía por completo la irregularidad de su situación laboral. De hecho, durante el mismo período, D. Antonio Rodríguez Barberá (concejal del PP) se mantuvo en una situación idéntica a la de la Sra. Pomares al combinar una dedicación completa en el IES Las Espeñetas con una dedicación parcial en el Ayuntamiento. Y en la anterior legislatura 2007-2011, D. Javier Maciá, el Coordinador de Cultura (el mismo cargo que ocupa en la actualidad la Sra. Pomares) también pudo compatibilizar –no siendo concejal- una dedicación exclusiva en el Ayuntamiento con una dedicación parcial como profesor de religión en el IES Los Montesinos y en ningún caso oímos a las Sras. Lorente y Ferrando acusarles de “defraudadores” por cobrar de dos administraciones públicas.
Por lo demás, resulta pertinente añadir que en la tramitación del expediente de personal eventual con dedicación parcial como Coordinadora de Cultura de la Sra. Pomares, ninguno de los servicios técnicos del Ayuntamiento le advirtieron de que tenía que pedir la compatibilidad, tal y como queda reflejado en el expediente y acredita el propio Secretario General del Ayuntamiento.
Tampoco es baladí reseñar que durante el período en el que la Sra. Pomares compaginó su trabajo como profesora y Coordinadora de Cultura en el Ayuntamiento de Orihuela cumplió escrupulosamente con los horarios de ambos trabajos. Ni es una cuestión menor que desde el primer momento se produjera la rectificación de motu proprio, mucho antes de que el PP de la Sra. Lorente y Ferrando presentase denuncia alguna en la Conselleria. En cuanto tuvimos noticias a través de los medios de comunicación de la posible irregularidad, iniciamos consultas y conocimos a través del Secretario General que la situación de la Sra. Pomares no era la propia de un cargo político, como habíamos considerado hasta ese momento, en cuyo caso se concede automáticamente la compatibilidad.
Además, de este error administrativo no se ha derivado perjuicio alguno para terceros. Los alumnos estuvieron magistralmente atendidos, como es costumbre en la Sra. Pomares y acreditan los responsables del Centro, y la Cultura del municipio estuvo magníficamente gestionada, con una dedicación y un compromiso que sobrepasan con mucho el estricto cumplimiento de la jornada laboral.
Sin embargo, a la Sra. Lorente y a la Sra. Ferrando les pareció que los meses de escarnio público que pasó la Sra. Pomares tras su denuncia en los medios, no era suficiente; querían algo más, querían su cabeza. Por eso denunciaron los hechos en la inspección educativa, que inició una investigación tras la que el instructor, después de analizar todas las pruebas y las declaraciones de los testigos (incluidas las del Secretario General del Ayuntamiento), determinó proponer una sanción mínima de 15 días sin empleo y sueldo. Sanción contra la que alegamos porque considerábamos entonces, y seguimos considerando ahora, que no se daba el principio de culpabilidad que exige la concurrencia de dolo o culpa en el autor de una infracción como requisito para que sea sancionable. Por ello solicitamos que la causa fuera sobreseída.
La sorpresa mayúscula se produjo cuando la Resolución de la Conselleria de Educación, saltándose por completo todo el proceso de instrucción –algo insólito e inaudito, pues se llega incluso a cambiar la tipificación de la falta-, determinó imponer una de las sanciones más fuertes que se recuerdan: la de tres años sin empleo y sueldo. Lo que ha sucedido es lo mismo que si un fiscal solicita una pena y el juez resuelve aplicar otra 73 veces mayor, con la salvedad de que en este caso el fiscal ha sido un técnico y el juez un cargo político. Por eso pedimos a la ciudadanía que repare en la desproporcionalidad de esta resolución y que saque sus propias conclusiones.
Lejos de eso, hoy denunciamos de nuevo el acoso y persecución que la Sra. Pomares viene padeciendo gracias al perverso uso político de una irregularidad administrativa que jamás debió sobrepasar las fronteras de un despacho. Para una persona –reconocida y respetada en todos los ámbitos en los que desarrolla su trabajo- que tiene como principal patrimonio el prestigio de su dilatada e impecable trayectoria profesional, los meses de escarnio público que viene padeciendo, son una sanción que supera con mucho el umbral de lo justo y moralmente aceptable. Por lo demás, ahora sí, anunciamos que esto no ha hecho más que empezar; que, naturalmente, recurriremos y que esperamos, como tantas otras veces, que el tiempo ponga a cada uno en su sitio. Mientras tanto, bueno es saber con quién y por qué nos la estamos jugando.
Firmado: Grupo Municipal Socialista